Los operativos se llevaron a cabo en la Escuela de Comercio N° 6 y en una vivienda del barrio Villa Cabello, donde se secuestraron teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes informáticos.
Las medidas fueron concretadas por personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas del Ministerio Público, junto a efectivos de la Comisaría Primera y la Comisaría Séptima de la Policía de Misiones. Los procedimientos fueron ordenados por la jueza correccional y de menores Marcela Alejandra Leiva, con intervención del fiscal especializado en ciberdelitos Juan Pablo Espeche.
Según se informó, los dispositivos secuestrados serán analizados para intentar determinar el origen de las amenazas y avanzar en la causa judicial.
Desde el Ministerio Público recordaron que este tipo de mensajes no son considerados bromas ni desafíos virales, sino conductas que pueden constituir delitos penales. Incluso cuando se realizan de manera anónima, señalaron que suelen dejar rastros digitales que permiten identificar a los responsables.
Además, remarcaron que estas amenazas generan alarma en la comunidad educativa, afectan emocionalmente a estudiantes, docentes y familias, y obligan a movilizar recursos policiales y judiciales que podrían destinarse a situaciones reales de emergencia.
En cuanto al encuadre legal, las autoridades recordaron que las amenazas pueden ser castigadas con penas de hasta tres años de prisión, mientras que la intimidación pública puede alcanzar hasta seis años, o incluso más en casos agravados.
También advirtieron que, cuando intervienen menores de edad, los padres o tutores podrían afrontar acciones civiles por los daños ocasionados y los gastos derivados de los operativos de seguridad.
Finalmente, las autoridades insistieron en la importancia de hacer un uso responsable de las redes sociales y remarcaron que toda amenaza es investigada por la Justicia.
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