El tribunal resolvió no conceder la autorización solicitada por la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia para viajar a Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. La medida se dictó en el marco de la causa en la que se investiga al titular de la Asociación del Fútbol Argentino por una presunta evasión de 19.000 millones de pesos.
Tapia había sido invitado a participar, en carácter de representante institucional, del acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol, con motivo del inicio de obras del Centro Nacional de Alto Rendimiento.
De acuerdo con la resolución judicial, el pasado 23 de febrero el tribunal ya le había autorizado una salida del país con destino a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil), entre el 23 y el 28 de febrero. Sin embargo, posteriormente su defensa informó que el presidente de la CONMEBOL lo había designado para asistir al evento en Venezuela y que modificaría su itinerario para trasladarse desde Río de Janeiro a Caracas.
Para los magistrados, ese cambio excedía los límites de la autorización concedida originalmente, ya que ni el destino ni el recorrido coincidían con lo aprobado en la resolución previa. Por ese motivo, consideraron improcedente la solicitud.
En una nueva presentación, la defensa pidió autorización para viajar del 28 de febrero al 3 de marzo, luego de informar que el acto había sido reprogramado para los días 1 y 2 de marzo. También adjuntó el itinerario de vuelo y una nota que explicaba el cambio de fecha, además de señalar que Tapia había regresado a la Argentina el 27 de febrero.
Si bien el Ministerio Público Fiscal había dictaminado que el tribunal podía habilitar el viaje bajo caución, los jueces rechazaron el pedido al advertir inconsistencias en las invitaciones presentadas. Según indicaron, para un mismo evento se habrían emitido dos notas con fechas distintas, lo que generó dudas sobre la veracidad de la reprogramación y sobre la explicación brindada en relación con los cambios “logísticos”.
La resolución también hizo referencia a la situación política y social de Venezuela, donde existen denuncias públicas por detenciones arbitrarias, incluso de ciudadanos argentinos. En ese contexto, el tribunal sostuvo que el estado actual de las relaciones diplomáticas entre ambos países no ofrece garantías suficientes ante un eventual requerimiento judicial.
