En un alineamiento directo con la normativa argentina, las multinacionales de servicios petroleros SLB, Baker Hughes y Halliburton confirmaron este sábado que no intervendrán en ningún proyecto de exploración o explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas ni en los mares adyacentes. El pronunciamiento conjunto se conoció apenas 48 horas después de que el Gobierno nacional endureciera el marco legal para sancionar a firmas que operen sin aval en áreas bajo ocupación británica.
La decisión de las tres corporaciones responde a la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial, medida firmada por el presidente Javier Milei que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y aceleró los plazos administrativos para investigar y penalizar la actividad no autorizada en la plataforma continental argentina.
La postura de las corporaciones
A través de comunicados oficiales, cada una de las firmas —con fuertes intereses y operaciones en yacimientos clave como Vaca Muerta— remarcó su apego al régimen legal vigente:
SLB: La multinacional comunicó que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes", reafirmando su compromiso con las leyes del país.
Baker Hughes Argentina S.R.L.: Indicó que, en cumplimiento del Decreto 868/2026, no participa ni concursará por servicios en la zona, y ponderó sus más de 70 años de actividad dentro de la industria energética argentina.
Halliburton: La compañía estadounidense sostuvo que respeta "la soberanía de la República Argentina" y puntualizó que desarrolla sus operaciones en estricta sujeción a la normativa local, descartando de plano cualquier vinculación con el desarrollo del yacimiento Sea Lion —actualmente promovido por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration— o cualquier otra área en litigio.
Régimen sancionatorio y sumarios en curso
El nuevo decreto presidencial fijó mecanismos más rigurosos: los organismos estatales tienen un plazo de cinco días hábiles para elevar reportes sobre presuntas infracciones, tras lo cual se otorgará a los implicados diez días para formalizar sus descargos.
En ese marco, la Cancillería ya abrió procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos (entre personas físicas y jurídicas), abarcando tanto a operadoras no autorizadas como a sus accionistas y redes de proveedores.
Desde el Ejecutivo ratificaron la ofensiva legal como una política de Estado: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes pretendan lucrar violando esa soberanía encontrarán toda la firmeza de la ley", subrayaron desde la administración central.
