La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el debate por la reforma de la Ley de Glaciares con audiencias públicas marcadas por la polémica, una participación restringida y un amplio despliegue de seguridad en los alrededores del Congreso.
El proceso se desarrollará durante dos jornadas —una presencial y otra virtual— luego de que se registraran más de 102.000 inscriptos para exponer, aunque finalmente solo unos 400 podrán hacerlo, lo que generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y sectores de la oposición.
En paralelo, el Gobierno implementó un operativo de seguridad con vallado, controles de acceso y cortes de tránsito en distintas arterias cercanas al Palacio Legislativo, ante la previsión de movilizaciones y protestas durante el debate.
Las audiencias forman parte del tratamiento de la reforma que ya cuenta con media sanción del Senado y que abre una discusión clave sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental en el país.
El esquema mixto de participación y las restricciones en la cantidad de oradores derivaron incluso en presentaciones judiciales por parte de organizaciones ambientalistas, aunque hasta el momento la Justicia avaló el formato propuesto por el oficialismo.
Tras esta instancia, el proyecto avanzará hacia el debate en comisiones y una eventual sesión en el recinto prevista para abril, en un contexto de alta tensión política y social.
