El Gobierno de Argentina oficializó la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, en una decisión que refuerza su postura frente a Irán y habilita la aplicación de sanciones y restricciones para impedir operaciones ilegales en el país.
La medida fue comunicada por la administración del presidente Javier Milei y se sustenta en investigaciones judiciales y antecedentes vinculados a los atentados ocurridos en territorio argentino en la década de 1990.
Fundamentos en los atentados de los años 90
Según el comunicado oficial, la decisión toma como base el rol atribuido a organizaciones vinculadas a Irán —en particular Hezbolá— en los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994.
Ambos atentados dejaron más de un centenar de víctimas fatales y cientos de heridos, y son considerados los hechos de terrorismo más graves en la historia del país. De acuerdo con la información oficial, las investigaciones judiciales concluyeron que fueron planificados y ejecutados con participación de altos funcionarios del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria.
En ese contexto, también se recordó la vigencia de alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes, entre ellos Ahmad Vahidi, señalado en la causa AMIA.
- Alcance de la medida
La inclusión del cuerpo militar iraní en la lista de organizaciones terroristas permite al Estado argentino aplicar sanciones financieras, bloquear activos y restringir operaciones vinculadas a la entidad dentro del sistema nacional.
Además, se establecen limitaciones para el ingreso y la actuación de personas asociadas a la organización en el país, con el objetivo de evitar el uso de estructuras locales para actividades ilícitas.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión se apoya en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, y busca fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación internacional en materia de lucha contra el terrorismo.
Señal política y alineamiento internacional
La medida también se inscribe en un contexto de alineamiento geopolítico con países occidentales y responde a pedidos reiterados de Israel, que desde hace años impulsa la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.
En paralelo, el Gobierno argentino destacó que la resolución apunta a saldar una deuda histórica con las víctimas de los atentados y reafirmar su compromiso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La decisión se suma a otras acciones recientes en la misma línea, como sanciones a estructuras vinculadas a la Fuerza Quds y a organizaciones investigadas por actividades extremistas, consolidando un cambio en la política exterior y de seguridad del país.
