En un operativo de control realizado en la zona del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, autoridades aduaneras secuestraron más de mil botellas de vino argentino que intentaban ser ingresadas al país de manera irregular, sin la documentación fiscal correspondiente.
El procedimiento se concretó cuando conductores de varios vehículos, cuyas identidades no fueron dadas a conocer, intentaron eludir la fiscalización utilizando un desvío cercano a la aduana del puente. La maniobra, habitualmente empleada para esquivar los controles, fue advertida por el personal apostado en el lugar, que procedió a interceptar los rodados.
Tras la inspección de la carga, se constató que las botellas de vino no contaban con ningún respaldo fiscal ni aduanero que justificara su transporte e ingreso al circuito comercial. La falta de documentación configura una infracción a la normativa vigente y encuadra el hecho como un intento de contrabando.
Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), remarcaron que la retención de una cantidad tan significativa de bebidas alcohólicas evidencia la persistencia de prácticas ilegales en la frontera. En ese sentido, destacaron que estos operativos buscan no solo resguardar la recaudación fiscal, sino también proteger la industria nacional y garantizar la trazabilidad, calidad y procedencia de los productos que circulan en el mercado interno.
El Puente Internacional Tancredo Neves constituye un punto estratégico para el tránsito de personas y el comercio entre Argentina y Brasil, pero también es una zona sensible frente a delitos como el contrabando de mercaderías. Por este motivo, las autoridades mantienen controles reforzados mediante el uso de recursos humanos y tecnológicos para detectar y desarticular este tipo de maniobras.
Las más de 1.000 botellas de vino quedaron a disposición de la Aduana, que dará inicio a las actuaciones administrativas correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados y aplicar las sanciones previstas por la ley. En casos de este tipo, la normativa contempla el decomiso de la mercadería y posibles multas o procesos judiciales, de acuerdo con la gravedad del hecho y el valor de lo incautado.
