El Gobierno nacional activó gestiones para llevar al Congreso en abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, uno de los puntos clave del acuerdo bilateral con Estados Unidos.
La iniciativa, que el Ejecutivo pretende tratar en la Cámara de Diputados, forma parte de la estrategia de alineamiento internacional impulsada por el presidente Javier Milei junto a su par estadounidense Donald Trump.
Desde la Casa Rosada reconocen que el capítulo vinculado a la propiedad intelectual es uno de los más sensibles del acuerdo, y que su tratamiento se aceleró en las últimas semanas ante los plazos comprometidos con Washington.
- Debate interno y antecedentes
La discusión también expone diferencias dentro del oficialismo. Mientras un sector considera que el expediente con media sanción del Senado en 1998 quedó desactualizado, otro sostiene que ese antecedente sigue vigente y que el foco debe estar en avanzar con su aprobación sin reabrir el proceso legislativo.
El tratado establece un sistema que permite centralizar solicitudes de patentes con efectos en múltiples países, lo que el Gobierno busca presentar como una señal de previsibilidad y apertura en el plano internacional.
Cambios regulatorios y presión del sector
En paralelo, el Ejecutivo ya avanzó en medidas administrativas. A través de la resolución 75/2026, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial actualizó sus aranceles y creó la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI), que comenzará a regir desde mayo con ajustes vinculados a la inflación.
Además, se eliminaron restricciones vigentes desde 2012 sobre la patentabilidad farmacéutica, lo que habilita evaluaciones caso por caso bajo la Ley 24.481.
El frente más complejo para el oficialismo se concentra en el sector farmacéutico. Mientras los laboratorios internacionales respaldan la adhesión al PCT, empresas locales plantean objeciones por su posible impacto en la competencia, la producción de genéricos y el mercado interno.
En ese contexto, el Gobierno busca equilibrar los compromisos asumidos a nivel internacional con las tensiones económicas y políticas que genera la iniciativa puertas adentro.
