La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.
La firma de abogados que representa al Estado argentino presentó un escrito ante el juzgado de Preska para informar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción”.
“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señala el documento y concluye que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.
La notificación presentada a la magistrada norteamericana, que también lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirma el acuerdo, aunque no brinda detalles sobre los términos pactados. A partir de este avance, las partes solicitaron suspender el litigio en curso, incluyendo dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre de 2025, mediante el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.
El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.
El abogado es un viejo conocido para la Argentina. Hranitzky participó en otro litigio contra el país, cuando representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió que se confiscara la Fragata Libertad en Ghana en el año 2012.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default y que, hasta ahora, mantenían una disputa judicial con el Estado argentino desde 2016. La Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.
Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un litigio con la Argentina desde 2014 para el cobro de la deuda argentina que adquirió luego de su fundación en 2012.
En concreto, las mencionadas firmas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”, explicó en su cuenta de X el experto Sebastián Maril, de Latam Advisos.
Por otra parte, la presentación ante el tribunal de Preska no aborda la moción sobre el traspaso de las acciones de YPF, solicitada previamente por el “fondo buitre”. Este acuerdo representa la resolución de los litigios más antiguos vinculados al default argentino y despeja el camino para cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior.
A mediados de 2025, el mismo día en que resolvió la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación, la jueza Preska, dictó dispuso la entrega de los activos accionarios de la petrolera a Bainbridge Fund.
Durante 2024, Bainbridge había solicitado a la magistrada que la Argentina informe sobre el paradero y uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositadas en Europa, además de requerir detalles respecto a las acciones de YPF en poder del Estado.
Además, Preska había autorizado al beneficiario de su fallo que perciba parte de la deuda derivada de la sentencia favorable mediante la transferencia del paquete accionario de la petrolera. Esta decisión se tomó el mismo día en que Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del litigio por la expropiación de la firma energética en 2012, fue autorizado a recibir el 51% del capital accionario, algo que finalmente no se materializó.
Los litigios con los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 se resolvieron en su mayoría en 2016, tras el fallo del juez Thomas Griesa y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. En los primeros meses de ese año, el gobierno argentino logró acuerdos con la mayor parte de los fondos que tenían juicios abiertos o sentencias favorables, cerrando así uno de los capítulos más prolongados del default declarado en 2001. No obstante, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes.
