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En el marco de investigaciones en distintos puntos de la provincia, se realizaron procedimientos judiciales y se intensificó el trabajo preventivo con presencia policial, ciberpatrullaje y articulación con docentes y familias.
Las medidas incluyeron allanamientos simultáneos, donde se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, los cuales fueron puestos a disposición de las áreas técnicas correspondientes para su análisis, bajo estricto cumplimiento de los protocolos legales vigentes.
En este contexto, y a partir de denuncias recepcionadas, se llevó adelante un procedimiento en la localidad de Puerto Rico, donde se concretó una diligencia judicial con secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos, además de dos armas de fuego y municiones, pertenecientes al dueño de casa, las cuales serán sometidas a peritajes correspondientes en el marco de la investigación.
Asimismo, se adoptaron medidas preventivas con intervención de organismos especializados, garantizando el resguardo de los derechos de los involucrados y el acompañamiento institucional necesario. En todos los casos detectados, se trabaja con un abordaje interdisciplinario, articulando acciones entre áreas especializadas, la comunidad educativa y las familias.
En este sentido, personal de la División Cibercrimen y de la Policía Comunitaria continúa desarrollando tareas coordinadas para la prevención y el seguimiento de este tipo de situaciones.
De manera complementaria, en la fecha se dispuso un refuerzo preventivo en zonas externas de establecimientos educativos, en continuidad con las tareas que ya se vienen desarrollando habitualmente. Estas acciones se llevan adelante en conjunto con directivos, docentes y familias, fortaleciendo la prevención y el cuidado en el entorno escolar.
Los operativos se desarrollaron con total normalidad, sin registrarse novedades. Por ello, la Policía de Misiones recuerda a la comunidad la importancia de acompañar, prevenir y alertar ante situaciones que puedan afectar la convivencia en ámbitos educativos, reafirmando el compromiso conjunto entre familias, instituciones y el Estado.
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