A un día de que venciera el plazo procesal fijado por la Justicia federal, el exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó este lunes su descargo formal para justificar la evolución de sus bienes en el marco de la investigación que se sigue en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, instruido por el fiscal federal Gerardo Pollicita con intervención del juez Ariel Lijo, investiga el patrimonio del exfuncionario y de su cónyuge, Bettina Angeletti, durante el período transcurrido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
A través de un extenso escrito patrocinado por el abogado Matías Ledesma, la defensa contestó el pliego de 20 preguntas vinculadas a inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, movimientos bancarios y compras inmobiliarias y vehiculares, aportando informes técnicos, periciales y contables. El análisis que realice la fiscalía sobre esta documentación determinará si la justificación resulta suficiente o si el proceso avanza hacia un llamado a declaración indagatoria.
Los argumentos centrales del descargo
En el escrito de respuesta al requerimiento judicial, la defensa de Adorni estructuró sus justificaciones en torno a puntos determinantes:
Tenencia de dólares y ahorros: Respecto a los fondos en efectivo declarados bajo el concepto de "venta de activos" (que involucran cifras de US565.000, US513.000 y US$388.961 entre 2023 y 2024), la presentación sostuvo que se corresponden con ahorros acumulados y con flujos generados por rentas financieras y actividades previas.
Préstamos familiares (mutuos): Sobre las deudas asentadas a favor de dos familiares directas, Silvia Pais y Norma Zuccolo, se alegó que se trata de contratos privados amparados en el Código Civil y Comercial, señalando que la falta de instrumento público no es indicio de irregularidad por tratarse de operaciones entre madre e hijo declaradas ante el organismo recaudador.
Adquisición del vehículo: Para la compra de una camioneta Jeep Compass, la defensa precisó que se instrumentó mediante una permuta directa entregando un automóvil Renault Captur adquirido en 2021 (tasado en $18,3 millones), cancelando la diferencia mediante transferencias bancarias de las cuentas del matrimonio por $2 millones y un plan con tarjeta de crédito.
Inmuebles en Country Indio Cuá y calle Miró: En cuanto a la adquisición del lote 380 en Indio Cuá por US120.000, se indicó que se financió con US100.000 provenientes de un mutuo hipotecario y US20.000 en efectivo de ahorros de Angeletti, mientras que los US30.000 abonados por la propiedad de calle Miró y las refacciones a cargo del contratista Matías Tabar se solventaron con fondos propios. Sobre las remodelaciones, el escrito remarcó que las pericias telefónicas evidencian que el monto real pagado fue inferior al estimado en la instrucción.
Operaciones con criptomonedas: Frente al pedido de detalle sobre el inicio de sus fondos en criptoactivos, el descargo aportó un peritaje sobre ocho direcciones de Bitcoin con actividad registrada entre 2014 y 2018 —años previos a la creación de exchanges locales con validación de identidad—, argumentando que en dicha etapa el mercado operaba de manera minorista y mediante transferencias entre particulares sin registros bancarios formales.
Pagos mediante terceros: Con relación a transacciones realizadas a través de allegados que declararon como testigos en la causa (Gisela Kocsis, Laura Daniela Schiuma y Luis Enrique Aluju), la defensa aseguró que respondieron a gestiones administrativas cotidianas de pago cuyos importes fueron debidamente reintegrados.
El dictamen pericial y el futuro procesal
En las conclusiones elevadas al juzgado, el letrado Matías Ledesma remarcó que la variación patrimonial de Adorni cuenta con “sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.
Con la totalidad de las respuestas incorporadas al expediente, el fiscal Pollicita y los peritos contables de la Corte Suprema deberán evaluar si los comprobantes arrastrados aclaran las inconsistencias denunciadas. En caso de que los números no concilien con los ingresos percibidos en la función pública y la actividad profesional del matrimonio, la fiscalía quedará en condiciones de solicitar formalmente la citación a indagatoria del exjefe de Gabinete.
