La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, con el objetivo de avanzar en una nueva definición judicial sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El expediente incluye un pedido cautelar presentado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
La presentación busca que se analice por separado el reclamo de estas organizaciones y comunidades, luego de que la semana pasada el máximo tribunal revocara una sentencia favorable al Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En ese caso, la Corte consideró que la entidad no tenía legitimación para impulsar la demanda.
El nuevo planteo sostiene que existen fundamentos diferentes, vinculados con la protección ambiental y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Si la Corte concede la medida cautelar, podrían restablecerse provisoriamente las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, derogadas mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.
Una integración especial para resolver el planteo
El acuerdo extraordinario contará con los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
La incorporación de los dos magistrados se dispuso ante la falta de acuerdo entre los integrantes titulares sobre cómo continuar con el expediente. Además, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para cuestionar la integración de los conjueces y habilitó días y horas inhábiles para acelerar el trámite.
Entre las alternativas que analiza el tribunal están remitir el expediente a una instancia judicial inferior o resolver el pedido cautelar directamente. Hasta que exista una resolución, no puede darse por confirmado un eventual restablecimiento de las restricciones.
Misiones inició acciones para defender sus tierras
En paralelo, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado, Fidel Duarte, a iniciar las acciones judiciales que correspondan para proteger los derechos e intereses de la provincia frente a la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 1935, firmado el 2 de octubre de 2026, que habilita a la Fiscalía de Estado a actuar por las vías que considere jurídicamente adecuadas.
“Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo Passalacqua al fundamentar la decisión.
El Gobierno provincial argumenta que la derogación de la Ley 26.737 puede afectar la protección de los recursos naturales, la autonomía territorial, las finanzas públicas y la estructura económica y social de Misiones.
La normativa derogada establecía límites a la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Su eliminación, dispuesta por el DNU 70/2023, abrió una disputa judicial sobre el alcance de esas restricciones y la constitucionalidad de su derogación.
Con el decreto provincial, Misiones formalizó su decisión de recurrir a la Justicia para defender sus intereses territoriales, mientras la Corte Suprema avanza con el análisis del nuevo planteo cautelar.
