El gobierno británico resolvió extender por un período de cinco años los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos offshore otorgados a las compañías petroleras que operan en el archipiélago.
El impacto central de esta prórroga recae en el yacimiento Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros de la costa de las islas. El proyecto de extracción es operado por la firma israelí Navitas Petroleum -poseedora del 65% de la participación accionaria-en sociedad con la británica Rockhopper Exploration (35%). Ambas proyectan iniciar la fase de producción de crudo a partir de marzo de 2028.
La respuesta judicial y el reclamo soberano
Desde el gobierno argentino, la concesión de licencias por parte de las autoridades británicas constituye una violación directa del derecho internacional y de la soberanía sobre la plataforma continental. Cualquier emprendimiento vinculado con la extracción de hidrocarburos en el Atlántico Sur carece de validez legal si no cuenta con la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.
En las últimas semanas, el Gobierno nacional intensificó la presión mediante denuncias penales e instruyó sumarios administrativos contra las empresas involucradas y sus filiales. En ese marco, la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Mariel Borruto, dictó una medida cautelar dictaminando que Navitas y Rockhopper deben abstenerse de concretar cualquier tipo de obra o infraestructura destinada a la puesta en marcha del proyecto Sea Lion.
Pese al pronunciamiento judicial y la ratificación del reclamo argentino en los organismos multilaterales, la administración británica de las islas justificó la extensión alegando la necesidad de dar "certeza regulatoria y financiera" a los inversores. Por su parte, la Cancillería argentina reitera la vigencia de las resoluciones de las Naciones Unidas que prohíben la adopción de decisiones unilaterales sobre los recursos naturales mientras la disputa de fondo por la soberanía continúe sin resolverse.
