A un mes de haber asumido la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez transita una gestión marcada por un margen de acción limitado y una fuerte presión internacional, especialmente desde Estados Unidos. Con un discurso menos confrontativo y un perfil más pragmático, el nuevo liderazgo chavista busca sostener la gobernabilidad en un escenario político y económico profundamente alterado.
El cambio de mando, formalizado el 3 de enero tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, dio lugar a una reconfiguración interna del oficialismo. El espacio que ahora encabeza Rodríguez intenta adaptarse a un nuevo esquema de poder, condicionado tanto por la presión externa como por las tensiones con sectores del chavismo más duro, que resisten la pérdida de influencia y privilegios acumulados durante años.
Durante este primer mes, el gobierno anunció más de 360 excarcelaciones de presos políticos, una futura ley de amnistía que incluiría el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, una nueva Ley de Hidrocarburos orientada a facilitar el ingreso de capital extranjero y una reducción parcial de la persecución política y la represión estatal. Se trata de medidas que hasta comienzos de enero resultaban impensadas dentro del esquema anterior.
En paralelo, medios internacionales informaron sobre la detención en Venezuela de figuras clave del entramado financiero del madurismo. Entre ellas, el exministro Alex Saab y el empresario Raúl Gorrín, ambos señalados como presuntos testaferros de Maduro. Según fuentes estadounidenses citadas por Caracol Radio, los operativos fueron realizados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los detenidos permanecen bajo custodia mientras se evalúa su eventual extradición a Estados Unidos.
De acuerdo con análisis publicados por el Washington Post, Rodríguez comenzó a impulsar reformas destinadas a atraer inversión extranjera, en un contexto de flexibilización de sanciones y reactivación económica. No obstante, sectores de la oposición y de la comunidad internacional continúan cuestionando la legitimidad del proceso de transición y reclaman mayores garantías institucionales.
La Venezuela de 2026 atraviesa así una etapa de cambios acelerados, con una economía en transformación y un liderazgo que busca consolidarse en medio de un escenario interno frágil y un entorno geopolítico altamente condicionante.
