La primera reunión en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional terminó atravesada por un fuerte escándalo entre legisladores del oficialismo y la oposición. Hubo insultos, gritos y forcejeos durante el plenario de las comisiones que analiza la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La tensión comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos puntos del proyecto. En medio de su intervención se produjo un cruce con el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.
En ese momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento, atravesó parte del salón y fue hacia Guzmán. Entre ambos hubo un intercambio de manotazos mientras otros legisladores intentaban frenar la discusión.
La situación escaló todavía más cuando intervino desde otro sector del salón el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, que comenzó a increpar a Grabois y lo llamó “cagón”.
Grabois dejó entonces el cruce con Guzmán y avanzó hacia Huesen. Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y el libertario Álvaro Martínez intentaron contenerlo y evitar que la discusión pasara a mayores.
Sin embargo, ambos diputados terminaron cara a cara, en medio de gritos y recriminaciones, mientras sus compañeros buscaban separarlos y restablecer el orden en la reunión.
El episodio ocurrió durante el primer plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, presididas por los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
Qué establece el proyecto que generó la discusión
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso busca endurecer el régimen vigente contra quienes realicen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y plantea como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Según explicó oficialmente la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se apoya en tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Uno de los principales cambios es la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que no se limita a los hidrocarburos sino que alcanza otros recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto contempla además penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
El nuevo esquema de Seguridad Nacional
La iniciativa excede la cuestión estrictamente vinculada con Malvinas. También propone la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente, destinado a coordinar políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
Ese punto, junto con las modificaciones relacionadas con las facultades del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas ante amenazas externas, ya había provocado diferencias incluso con sectores que habitualmente acompañan al Gobierno.
El diputado del MID Eduardo Falcone, por ejemplo, planteó reparos sobre los cambios vinculados con las leyes de Defensa e Inteligencia y cuestionó el alcance que tendría el Poder Ejecutivo para disponer determinadas respuestas militares sin intervención previa del Congreso.
Falcone sostuvo que la Constitución establece que determinadas decisiones vinculadas con actos de guerra requieren participación parlamentaria y advirtió sobre el alcance que podría tener la nueva normativa.
El planteo derivó además en un cruce público con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien defendió el proyecto y sostuvo que las facultades previstas no deben analizarse exclusivamente bajo la hipótesis de un conflicto entre Estados.
El cronograma que busca imponer el oficialismo
Más allá del escándalo de este miércoles, La Libertad Avanza mantiene la intención de acelerar el tratamiento de la iniciativa.
La hoja de ruta del oficialismo contempla dos reuniones con invitados. La segunda está prevista para el 6 de octubre, jornada en la que buscará firmar los dictámenes correspondientes. La intención es convocar luego a una sesión especial el 7 de octubre para llevar el proyecto al recinto.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, había anticipado antes del comienzo del debate que el oficialismo estaba dispuesto a extender la discusión todo lo necesario.
“El tratamiento tendrá todo el tiempo que la importancia del tema lo requiera. Hay un consenso amplio en determinadas partes y en otras no tanto”, señaló el legislador salteño.
