La tensión en la cuenca yerbatera sumó un nuevo y alarmante capítulo. Representantes del sector comenzaron a desmenuzar el proyecto de Reordenamiento Normativo impulsado por el Gobierno nacional para reestructurar de raíz el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). La propuesta oficial —un documento de 31 páginas y 103 artículos— busca dar de baja 21 resoluciones históricas dictadas entre 2003 y 2023, avanzar sobre los sistemas de fiscalización y despojar al Directorio de facultades conferidas por ley nacional.
La iniciativa quedó formalmente bajo la lupa de los doce directores del instituto, quienes pasaron a un cuarto intermedio y retomarán la discusión el próximo martes 29 de septiembre, en medio de un clima de extrema preocupación por las consecuencias productivas y jurídicas que acarrearía su aprobación.
Tras evaluar el contenido del borrador, el subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Ricardo Maciel, lanzó una dura advertencia sobre la inviabilidad legal de la reestructuración impulsada desde Buenos Aires.
“La propuesta trae mucha preocupación e incluso limitaciones desde el punto de vista jurídico: el Directorio no puede desligarse de responsabilidades que les fueron atribuidas por ley”, enfatizó el funcionario provincial.
En esa línea, Maciel remarcó el valor histórico de la entidad creada tras el tractorazo del 2001: “El Inym nació como una herramienta para ordenar la actividad yerbatera, posterior a una situación parecida a la que vivimos hoy. Eliminar estas resoluciones significa volver a dispersar todo lo que se organizó en este tiempo”.
A su vez, defendió el sistema de información pública del sector: “Controlar la hoja verde que ingresa al secadero, tener un registro de stock, con la trazabilidad a la salida del molino, es información fundamental para toda la cadena”.
Concentración de poder y desmantelamiento de controles
El texto impulsado por la administración central representa una profundización directa del DNU 70/23 que ya desreguló el precio oficial de la hoja verde y la canchada. Exceptuando el área de Promoción, la reforma avanza sobre casi la totalidad de la estructura operativa del instituto.
Uno de los puntos más controvertidos radica en la concentración del poder de decisión: la normativa proyectada faculta al presidente del Inym a negociar, redactar y suscribir convenios, acuerdos e instrumentos operativos sin necesidad de contar con la aprobación previa del Directorio. De consolidarse, este cambio anularía el esquema de gobernanza colegiada y participativa que caracterizó al organismo durante dos décadas, donde cada decisión debía ser consensuada por los delegados de productores, tareferos, cooperativas, secaderos, molinos y gobiernos provinciales.
El paquete de reformas también apunta contra el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, reduce el alcance de la Tasa de Inspección y Fiscalización y flexibiliza el régimen sancionatorio para quienes infrinjan las normas comerciales.
Asimismo, el proyecto impone un cepo a las políticas de fomento: establece de forma taxativa que ningún programa de apoyo podrá interferir en la libre oferta y demanda ni generar distorsiones de precios. Esta directiva asesta un golpe directo al Programa de Asistencia Técnica y a la provisión de equipamiento de trabajo. Con esta restricción, quedarían automáticamente canceladas las entregas de herramientas e insumos críticos con los que pequeños productores y trabajadores rurales accedían a guinches para carretas, adaptaciones tecnológicas para secaderos y planes de conservación de suelo y agua.
La propuesta desmantela así un andamiaje estadístico y de registro forjado a lo largo de más de 23 años, abriendo un frente de conflicto institucional cuyo desenlace comenzará a definirse el próximo martes en la mesa chica del Directorio.
