La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno va a presentar una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso. La funcionaria detalló que los incidentes no solo representaron una agresión contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional.
Denuncia por terrorismo: un cambio de enfoque penal
Monteoliva remarcó que los actos violentos durante la protesta excedieron el marco de las manifestaciones tradicionales. “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, sostuvo. Para la ministra, el objetivo no fue solamente agredir a la policía: “Fue un acto de terrorismo”.
La funcionaria adelantó que el Gobierno va a consolidar la información para presentar una denuncia federal, invocando la figura de terrorismo prevista en la legislación argentina. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, afirmó Monteoliva en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.
En la Argentina, la Ley Antiterrorista (N° 26.734) incorpora penas agravadas para quienes cometan delitos con el objetivo de sembrar terror en la población o de obligar a autoridades públicas a tomar decisiones. La calificación de terrorismo implica una investigación federal, detenciones sin excarcelación inmediata y penas más severas, lo que marca un cambio drástico respecto de la habitual tipificación de estos delitos como simples daños o atentados contra la autoridad.
Identificación y perfiles de los implicados
Monteoliva confirmó que las autoridades están en proceso de identificación de los responsables de los disturbios, con más de una decena de personas reconocidas hasta el momento y un número mayor de detenidos desde el mismo día de los incidentes. “Ya vamos más de diecisiete identificados. Seguimos identificando, porque con el ok de la Justicia, la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, interviene en la causa”, detalló.
El proceso, según la ministra, incluye el análisis de imágenes captadas por las cámaras de las fuerzas federales, las cámaras de la Ciudad y las transmisiones de los medios de comunicación. Entre los sistemas mencionados, el Sistema Luna permite comparar rostros en bases de datos policiales, mientras que otros, como Jessie, se utilizan para el análisis de antecedentes y registros biométricos.
Los perfiles de los identificados son variados: “Hay personas de veinte años y otras de más de sesenta, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y algunos de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta”. Monteoliva aclaró que no todos tienen antecedentes penales, pero remarcó que existen casos con un historial delictivo extenso. También mencionó la posible pertenencia de los implicados a barras bravas y agrupaciones de izquierda combativa o anarquistas.
