El Senado de la nación, aprobó este jueves por unanimidad ley el proyecto de Discapacidad, que replica todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que habían sido rechazado el año pasado por el Gobierno Nacional.
La iniciativa fue aprobada por los 71 legisladores que estaban presentes.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año más, como querían organizaciones de discapacidad.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Posteriormente, fueron aprobadas, con 47 votos afirmativos y 22 negativos, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y su reglamento.
La aprobación incluyó una reserva sobre el capítulo II, referido al procedimiento de examen preliminar internacional, mediante una cláusula orientada a resguardar la soberanía regulatoria e industrial del sector farmacéutico nacional.
En su carácter de miembro informante, el senador Francisco Paoltroni (LLA) sostuvo que "este tratado, al que han adherido 159 países, significa apostar de manera directa por el desarrollo federal, la innovación y la atracción de inversiones".
A continuación, y con la presencia de familiares, la Cámara alta aprobó y convirtió en ley, por unanimidad con 68 votos, la denominada Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para las estructuras deportivas y recreativas en espacios públicos y privados.
La iniciativa fue impulsada tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, de 12 años, ocurrida en enero de 2026, cuando un arco de fútbol cayó sobre él.
Al respecto, el senador Bruno Olivera (LLA) expresó que la aprobación de la norma "merece una reflexión que va más allá", al recordar que Joaquín tenía 12 años y señalar que, recientemente, en San Juan, otros chicos también perdieron la vida en circunstancias que obligan a preguntarse "si estamos haciendo todo lo posible para evitar este tipo de tragedias".
En ese sentido, remarcó la importancia de que la ley "se difunda y se cumpla".
Después, el senado convirtió en ley el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, con 42 votos afirmativos y 26 negativos, que introduce modificaciones venidas de la Cámara de Diputados en materia de expropiaciones, regularización dominial, desalojos y digitalización de los registros de la propiedad.
Entre sus principales cambios, establece nuevos criterios para las expropiaciones e indemnizaciones, agiliza los procesos de desalojo y amplía los mecanismos de restitución de inmuebles.
La ley reincorpora la norma de 2011, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo.
En cuanto a expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.



