El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 difundió este jueves los fundamentos del fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos- y otra docena de imputados por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
La resolución de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tiene unas 1.616 páginas en donde se detalla por qué condenaron a la ex presidenta y al resto de los acusados, entre ellos, el empresario Lázaro Báez.
En la resolución, los jueces indicaron: «Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva». Además, sostuvieron, quedó demostrada «la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes» al grupo Báez.
«Cristina Fernández de Kirchner, como responsable del Poder Ejecutivo Nacional y por mandato constitucional jefa suprema de la Nación, jefa del gobierno y responsable política de la administración general del país, tuvo una intervención fundamental para la concreción del ilícito», sostuvieron los magistrados. Y afirmaron, respecto del delito: «Los hechos de corrupción como los que aquí juzgamos afectan y ponen en jaque al sistema democrático tal como lo conocemos y deben ser castigados con esa misma intensidad».
A partir de este momento, tanto la fiscalía como la defensa de cada uno de los condenados pueden apelar la medida. Intervendrá, desde ahora, la Cámara Federal de Casación penal. La próxima instancia, eventualmente, será la Corte Suprema de Justicia.