Esto, surgió mientras el Gobierno de Alberto Fernández anunciaba una fuerte revisión de los planes sociales, para controlar mejor los gastos del Estado. El pedido de informes se contestó el 24 de octubre, y ahora el Ministerio espera poder identificar a todos los ciudadanos incluidos en este cuestionado universo de beneficiarios irregulares.
En concreto, de los 1,3 millones de inscriptos, 253.184 -el 18,30%- hicieron declaraciones juradas de Bienes Personales, mientras que 35.398 -2,56%-, habrían adquirido dólares en los últimos seis meses. Así, todos ellos podría ser expulsados a la brevedad.