La jueza Loretta Preska resolvió en favor del fondo demandante y le aplicó al país el monto máximo a pagar en intereses. En julio se había realizado en los tribunales de Nueva York el juicio contra el país por la expropiación a la empresa española Repsol. Cómo sigue el proceso tras la decisión.
En otro durísimo revés para la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que el país deberá pagar una indemnización que podría llegar a los US$16.000 millones por la estatización de YPF que se llevó a cabo en 2012 durante el último mandato de Cristina Kirchner, una decisión liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, que fue aprobada por el Congreso.
Preska definió en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino deberá pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera. La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario posible: la jueza rechazó todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible. El Gobierno apelará la decisión, anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
En una áspera sentencia de 25 páginas, la jueza Preska criticó en duros términos al gobierno de Cristina Kirchner, denostó los argumentos de los abogados del país, y le dedicó un párrafo especial a Kicillof, quien calificó el fallo como “una inaceptable violación de la soberanía nacional”.
“El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, fustigó la magistrada en su sentencia.
Preska no incluyó una cifra concreta en su decisión, sino que ordenó a las partes “que presenten una propuesta de sentencia consistente” con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US$5000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$16.050 millones. En su fallo, la jueza le dio la razón a Burford en tres puntos clave: la fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar –fue fijada en un 8%, la más alta posible, mientras la Argentina pedía que fuera 0%– y la fórmula para calcular el monto original de la indemnización. Esos parámetros lleva la cifra final de la indemnización a su techo, es decir, US$16.050 millones, según la fórmula diseñada para hacer el cálculo.