Dos sargentos de la Policía de Misiones fueron procesados con prisión preventiva por pertenecer a una organización dedicada a vender armas y municiones robadas de los depósitos judiciales de Eldorado que debían custodiar, entre otros delitos. La medida también recayó sobre un civil, encargado de depositarlas en el mercado negro.
Se trató de uno de los escándalos policiales del 2019 y los uniformados fueron definidos como “polirrubros” por el abanico de delitos que se le endilgan. Diosnel Sebastián Vega (41), Marcelini Segundo Sanabria (41) (sargento ayudante y sargento, respectivamente) fueron detenidos en marzo, en medio de allanamientos a sus domicilios y los de Instrucción I y II y del Tribunal Oral Penal local. El tercer hombre es Óscar Alberto Ríos (48), ex convicto ligado siempre al mundo del hampa.
La organización también la compone una mujer oriunda de Paraguay, a quien se le acusa de expendio de moneda extranjera y la tenencia ilegal de un arma y municiones pero desde hace bastante tiempo sigue el proceso en libertad. Hay serias sospechas de que los implicados también están ligados al narcotráfico pero, si bien hay algunos indicios y elementos relevados, esto no fue probado por la pesquisa.
Los detenidos fueron notificados hace una semana por el juez Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, quien llevó adelante la investigación que incluyó escuchas y seguimientos encubiertos que estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y relevó pruebas más que comprometedoras. También se dispuso el embargo de sus bienes por 1 millón de pesos a Vega y Ríos y $750.000 a Sanabria.
El magistrado entiende que si son liberados podrían escapar del país – se comprobó sus vínculos con personas de Paraguay – o entorpecer la investigación aún en curso. Además, los dos efectivos policiales podrían enfrentar duras penas si son considerados culpables: Vega, el más comprometido, de 3 a 20 años y Sanabria hasta 16.
El escándalo salió a la luz el 22 de marzo del año pasado, cuando el juez Guerrero allanó las sedes judiciales mencionadas. Vega y Sanabria eran los encargados de custodiar los elementos secuestrados en procesos judiciales pero lejos de cumplir con sus deberes, buscaron sacar un rédito económico de esa posición y robaron al menos 38 armas. Llamaban a los depósitos “kioscos” e incluso Vega fue apodado como “kiosquero”.
En los juzgados mencionados se incautaron gran cantidad sobres rotos que debían contener armamento que no estaban. “Sus conductas implican también que tales elementos volvieran a ser colocadas en el mercado ilegal, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y de sus propios colegas policiales”, señala con dureza la resolución a la que tuvo acceso de forma exclusiva El Territorio.
Para esa empresa los uniformados se asociaron con “Beito” Ríos, un ex convicto oriundo de Bernardo de Irigoyen que estuvo preso al ser condenado por la muerte de su mujer. Se comprobó que el hombre también se dedicaba a la falsificación de dinero y la comercialización de vehículos robados en Brasil, algo de lo que se benefició uno de sus cómplices.
Según la investigación, Beito y los dos policías empezaron a realizar la maniobra delictiva desde diciembre del 2018, y lo hicieron de forma sistemática hasta el día que fueron detenidos.
Una de esos hechos ocurrió un miércoles de enero del 2019. Los investigadores captaron entonces una comunicación con telefónica en la que Beito Ríos le dijo a Vega que iba ir “hasta el kiosco” de Sanabria y éste le respondió: “algo conseguimos para vos, pero metele, vení porque esto hay que sacar hoy.”
Entonces el civil se subió a su camioneta y se dirigió hasta el edificio donde se encuentran los juzgados locales. Allí ingresó por la parte trasera -calle Malvinas- y permaneció un momento hasta que se retiró rápidamente. El seguimiento de esta secuencia figura en un informe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que intervino en la investigación.
Las conversaciones que figuran en las escuchas también registraron que los dos efectivos habían hablado la noche anterior. Entonces Sanabria le contó a Vega que iba a estar de guardia 24 horas y el último le pidió que le mande una foto de lo que, se cree, sería un arma.
En las escuchas también se revelaron conflictos que surgieron entre los implicados, como por ejemplo el reclamo de dinero por parte de los policías después de la venta de las armas. Queda claro, en este sentido, que el encargado de hacer este trabajo era Ríos, con contactos en la frontera seca y otras localidades.
“Tenemos que abrir el quiosco”, “está muy quieto”, “que tenes para mí” fueron algunos de los mensajes extraídos de los teléfonos celulares donde le pedían armas o dinero. “Esta semana hay algo lindo, vamos a comer asado y tomar mucha cerveza”, se lee en otra conversación, en la que Sanabria le anuncia a Ríos que tenía algo para él.
Los otros negocios
También se pudo reconstruir como el oriundo de Bernardo de Irigoyen negociaba y ofrecía lo robado por los sargentos. Justamente en su casa se incautaron muchísimas armas, piezas y municiones, algunas ocultas en un vehículo que utilizaba. Había elementos para falsificar billetes, dólares y mil pesos truchos, además de motocicletas de alta gama que habían sido robadas en Brasil y papeles afines a la comercialización de vehículos.
En este sentido, a Vega también lo complica sobremanera el allanamiento en su domicilio. Allí fueron secuestrados sobres rotos que deberían tener armas, pero sólo tenían municiones. También había un Volkswagen Gol con patentes argentinas que no le pertenecían, debido a que el auto tenía pedido de secuestro también emitido por Brasil.
Además, en el teléfono de este último también se detectaron audios en los cuales un NN les avisaba sobre un grupo de hombres que habían ido a Buenos Aires para buscar una gran cantidad de dólares. La idea, infieren de esa información los pesquisas, era ubicar el vehículo en el cual se movían para asaltarlos y hacerse con esa importante cantidad de plata.
Los delitos por los cuales están procesados
Oscar Ríos fue procesado como coautor penalmente responsable de los delitos de expendio y/o puesta en circulación de moneda –nacional y extranjera- falsa; posesión de elementos destinados a cometer falsificaciones; acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal agravada por realizarlo de un modo habitual, asociación ilícita; confabulación y encubrimiento de contrabando de importación agravado. A Diosnel Vega, en tanto, se lo procesó por violación de deberes de funcionario público; asociación ilícita; sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente; confabulación y encubrimiento de contrabando de importación agravado. Por su parte, a Marcelino Sanabria lo procesaron por considerarlo responsable de los delitos de violación de deberes de funcionario público; asociación ilícita y sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente.
El oscuro pasado de Ríos
Oscar Alberto “Beito” Ríos es un conocido hombre relacionado siempre al mundo del hampa y condenado por homicidio culposo por la muerte de su mujer, Nélida Galvaliz, ocurrida en la madrugada del 25 de octubre de 1998, en la localidad de Bernardo de Irigoyen.Según Ríos, en medio de una discusión de pareja, él había sacado su revólver calibre 38 para amedrentar a su compañera y en ese momento se le escapó un tiro que le impactó en el abdomen. El hombre fue quien llevó a su concubina hasta el hospital local, pero expresó que se quedó sin combustible en el camino, por lo que la mujer terminó falleciendo a causa de la pérdida de sangre, antes de ingresar al quirófano.La versión del señalado homicida rápidamente fue puesta en duda. Sobre todo porque salieron a la luz varios episodios de violencia de género y se halló una carta donde la víctima relataba que tenía miedo que su marido la mate y que era sometida constantemente a golpizas. La misiva fue publicada por El Territorio en su edición del 5 de noviembre del 1998.“Con el dolor en lo más profundo debo contarles algo muy triste. Su papá volvió a decirme que va a terminar matándome, siempre lo ha dicho y si sucede, les pido aquellas personas que se hagan cargo de ustedes, que las respeten siempre”, decía el documento, dirigido a los tres hijos de la pareja. El relato estremece y, por si eso fuera poco, Galvaliz también dejó una foto donde se apreciaba un ojo con hematomas.Más allá de esos elementos, en un debate oral y público, Ríos fue condenado por homicidio culposo, por lo que no estuvo mucho tiempo en prisión. Los miedos y las sospechas de la familia de la víctima, todos oriundos de Bernardo de Irigoyen, aún persisten.
Fuente: El Territorio