Por la histórica sequía que afectó gravemente a los productores, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció nuevas medidas económicas para paliar la situación.
Según detalló desde su cuenta de Twitter, el productor que esté situado en una zona declarada de emergencia no deberá efectuar ningún trámite y accederá de manera directa a los beneficios. Así lo dispuso en un trabajo en conjunto entre la Afip y la Secretaría de Agricultura que se dictará en un decreto del Poder Ejecutivo.
En este sentido, incluye un alivio fiscal para los 60.000 productores que están en esta situación: la suspensión de las intimaciones y embargos de cuentas bancarias, suspensión de pago de anticipo de Ganancias y beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado.
La suspensión del ingreso de anticipos correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales regirá hasta la finalización del ciclo productivo siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia. Se trata de aquellos vencimientos que hubieran sido fijados entre el 1 de febrero de 2023 y la fecha de finalización del período de vigencia del citado estado de emergencia.
Por otra parte, se realizará la deducción en el Impuesto a las Ganancias por la venta forzosa de hacienda para que los productores puedan deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100 % de los beneficios derivados de la venta forzosa de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.
En el caso del monotributo, gozarán del beneficio las obligaciones mensuales correspondientes al componente impositivo cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o zona de desastre agropecuario.
Asimismo, el funcionario remarcó que se agrega un plan de pagos de 48 cuotas para regularizar deudas con Afip, para que los productores puedan acceder a líneas de financiamiento existentes en el marco de la emergencia agropecuaria.
La cantidad de cuotas dependerá de condiciones equitativas para la normalización de las deudas, considerando el origen y el tipo de deuda que pretende cancelar y la evaluación del grado de cumplimiento de sus deberes formales y materiales.
Según dijo Massa, desde agosto a la fecha destinaron más de $ 40.000 millones en planes y programas para las distintas cadenas. «Vamos a seguir aplicando y tomando las medidas necesarias para ayudar a mitigar los efectos negativos de La Niña», dijo.
A lo que sumó: «Estamos ante la sequía más grave de la historia argentina y por eso vamos acompañar con medidas excepcionales a nuestros productores, que a veces no lograban a acceder a los trámites».
El fin de semana había adelantado por Radio Mitre que además su área está «preparando un programa de incentivo a las exportaciones para agro y economías regionales» que, según el ministro, permitirá «no solo aumentar el volumen de acumulación de reservas sino, sobre todas las cosas, darle mayor certidumbre a los productores agropecuarios».
La sequía trajo consecuencias catastróficas para los productores y el país. Se espera una merma global de 46 millones de toneladas de los principales granos y oleaginosas para la cosecha 22/23, lo que equivale a una caída de US$ 20.811 millones en las liquidaciones de divisas, que a su vez representa una reducción de US$ 7,376 millones en lo que va a recaudar el fisco por la vía de las retenciones a las exportaciones. El impacto equivale a 3 puntos del PBI.
La semana pasada la Secretaría de Agricultura informó que comenzaron a acreditarse los pagos de la primera cuota para los 4318 beneficiarios del Programa Impulso Tambero, que asiste con una compensación durante cuatro meses consecutivos a productores tamberos de hasta 5.000 litros diarios afectados por la sequía y el impacto del denominado dólar soja en los costos de alimentación y alquiler de tierras.
Y además el Ministerio de Economía oficializó la creación del Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino para asistir a productores que ingresen y mantengan ganado bovino en engorde a corral por un período mínimo de 120 días y que lo remitan a faena para el mercado interno en un plazo no mayor a 30 días.